No es una ley más: cuando la tierra está en juego, también está en juego la soberanía

Por: Nadia Bosch

Consultora de comunicación, política y territorio.

Coordinadora OLA Argentina

El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación debatirá un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que, bajo el nombre de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", propone modificar normas específicas sobre el régimen de tierras rurales, expropiaciones, regularización dominial y protección ambiental.

Una vez más, el Gobierno elige un título que parece decir una cosa, mientras el contenido propone otra. Ya ocurrió con la denominada "modernización laboral", una reforma que se presentó como sinónimo de progreso, pero que sin lugar a dudas implicó una pérdida de derechos para las y los trabajadores sin traducirse en una mejora significativa del empleo.

Con esta iniciativa sucede algo similar. La discusión no gira solamente en torno a la propiedad privada. El núcleo del proyecto es la eliminación de límites que hoy existen para la extranjerización de la tierra y la flexibilización de herramientas con las que el Estado protege recursos estratégicos y administra el territorio.

No se trata de una discusión menor.

Vivimos un momento de enorme polarización política, donde muchas decisiones trascendentales pueden definirse por apenas uno o dos votos. Por eso creo que es indispensable que la ciudadanía conozca qué se está debatiendo y cuáles pueden ser las consecuencias de esta reforma y se comprometa con ello.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites concretos a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre otras cuestiones, fijó un tope del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país, limitó la superficie que puede concentrar un mismo propietario y protegió territorios vinculados a grandes cuerpos de agua, considerados recursos estratégicos.

El proyecto actualmente en debate propone modificar esos límites y también introducir cambios en otras normas sensibles. Entre ellas, la Ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones al cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios, y la Ley de Expropiaciones, incorporando el concepto de lucro cesante como parte de la indemnización, lo que podría restringir la capacidad del Estado para intervenir cuando existe un interés público comprometido.

Desde distintas organizaciones de derechos humanos y ambientales se advirtió sobre el alcance de estas modificaciones. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, sostiene que el proyecto favorece el avance de actores privados sobre recursos naturales y bienes estratégicos, promoviendo una mayor concentración de la tierra y debilitando herramientas de regulación estatal.

Las consecuencias de este tipo de reformas no recaen sobre todos por igual. Quienes primero sienten su impacto suelen ser las comunidades campesinas e indígenas, los pequeños productores, las economías regionales y quienes dependen directamente del territorio para vivir y producir. Pero también nos afectan como sociedad, porque la tierra, el agua, los bosques y los bienes comunes no son recursos cualquiera: forman parte del patrimonio estratégico de la Nación.

Como argentina, chaqueña, comunicadora y persona comprometida con el desarrollo sostenible y el futuro de mi tierra siento la responsabilidad de expresarme con gran preocupación y compartir esta información. Porque estoy convencida de que una democracia necesita ciudadanos informados para debatir con libertad.

La información de calidad también es una forma de defender la democracia.

Por eso creo que este debate merece salir de los pasillos del Congreso y llegar a cada hogar argentino. Merece ser conocido, discutido y analizado más allá de las consignas.

La tierra no es solamente un activo económico. Es producción, trabajo, identidad, cultura, agua, alimentos y futuro.

Cuando discutimos quién puede ser dueño de nuestro territorio, también estamos discutiendo qué país queremos construir y cuánto estamos dispuestos a proteger aquello que pertenece a las generaciones presentes y futuras.

Todavía estamos a tiempo de informarnos, participar y expresar nuestra voz. Porque la soberanía no se pierde de un día para otro: muchas veces comienza a ceder cuando dejamos de prestar atención a las decisiones que parecen técnicas, pero que terminan definiendo el destino de nuestra Patria.